En proceso de ajuste fiscal de la Ley de Presupuesto, el Gobierno, en acuerdo con el Congreso Nacional, recortó 7.000 millones al presupuesto de operación del Ministerio Público.
En las recientes cuentas públicas de las Fiscalías de las Regiones de Los Ríos y de Los Lagos, se expuso el aumento de más del 10% en la cantidad de denuncias ingresadas para tramitación, sumado a la incorporación de causas de crimen organizado. Junto a lo anterior, se ha visibilizado la migración de los delitos a zonas rurales, reflejados en acciones delictuales sobre ámbitos habitacionales y el robo de insumos y equipamiento productivo, que se suman al recurrente delito de abigeato.
Frente a lo anterior, Francisco Muñoz, gerente de la ONG Campo Seguro, señaló que “resulta tremendamente contraproducente el recorte presupuestario al Ministerio Público, dada la crisis de seguridad que se vive en el país y que, en nuestros ámbitos, ha golpeado fuertemente al mundo rural, que naturalmente, presenta mayor desprotección que las zonas urbanas, dada la menor presencia policial, limitación de conectividad, ausencia de iluminación y otros factores”.
El ejecutivo de la entidad con presencia en las regiones de Los Lagos y Los Ríos, indicó además que, “esperamos que esta situación sea revertida en los ámbitos políticos correspondientes, teniendo presente que nuestro país ya presenta una tasa muy reducida de 3,7 fiscales por cada 100 mil habitantes y que además, esperamos se doten de las herramientas necesarias para una correcta implementación de la recientemente aprobada Ley Antiterrorista”.
Equipo Prensa
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