Un 81% de los consumidores considera que el concepto de sostenibilidad es usado sólo como un eslogan publicitario para conseguir mejores resultados en los negocios, según el estudio Nuevos Consumidores publicado en 2024.
La Ley contra el greenwashing en Chile se presenta como una herramienta fundamental para establecer estándares claros de transparencia en acciones ambientales de las empresas. Sin embargo, desde que fue aprobada, hace un año, en la cámara de diputados y diputadas de Chile, no se han presentado movimientos respecto a su promulgación.
En la actualidad, el hecho de que no exista un ente regulador en el correcto funcionamiento de la sostenibilidad en las organizaciones, crea una desconfianza latente. Es por esto que la Ley contra el greenwashing “regula la eliminación de frases genéricas como 100% sostenible o producto ecológico sin justificación clara, es decir, sin información clara y verificable, combatiendo esas malas prácticas”, comenta María Paz Avilez, gerente general y co-founder de aBanza, consultora experta en sostenibilidad.
Los consumidores de hoy exigen transparencia y autenticidad en las acciones de las compañías. Incluso, un 52% de los compradores están dispuestos a pagar más por productos sostenibles, según el estudio reciente publicado por El Observatorio Cetelem.
La ley de greenwashing se pondrá en acción, por ejemplo, cuando una empresa o negocio menciona que el producto o servicio que venden es “100% reciclable”, cuando no lo es y no tienen pruebas verificables de que así sea.
El proyecto establece que las empresas no podrán publicitar su sustentabilidad si han sido condenadas por daño ambiental o sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente por infracciones graves o gravísimas, lo que refuerza la necesidad de actuar con coherencia y responsabilidad en sus operaciones y comunicación.
En Europa la Directiva 2024/825 es más estricta en prohibir la exhibición de distintivos de sostenibilidad sin un sistema de certificación reconocido. Y si bien, actualmente en Chile, la legislación se encuentra dando un paso importante al exigir que las afirmaciones ambientales sean respaldadas por datos verificables.
Los desafíos a experimentar tras la aparición de este proyecto de ley son “la falta de conocimiento técnico en sostenibilidad en general y en estándares globales como GRI, ISO, y otros marcos necesarios para respaldar afirmaciones ambientales de forma sólida” , enfatiza la experta.
Sin embargo, los pasos recomendados desde aBanza son capacitar a los equipos internos en estándares internacionales; adoptar tecnologías de trazabilidad que faciliten la recolección y verificación; y colaborar con partners estratégicos con expertise que guíen el proceso de implementación en estrategias sostenibles.
Una vez la ley sea promulgada, Chile podría ser uno de los líderes en la región latinoamericana en ahondar en esta problemática, dando el ejemplo para que los demás países comiencen a integrar estas buenas prácticas, en cuanto a la sostenibilidad de sus negocios.
Además, ante las negligencias que evidencien los consumidores “no solo deben exigir mayor transparencia en las declaraciones ambientales de las empresas, sino también tomar un rol activo como agentes de cambio» destaca la Gerente General y co-founder de aBanza.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) establecer una economía circular en países como Chile, Colombia, México y Perú podría resultar en incrementos en el PIB entre 0,9% y 2,2% y aumentos en el empleo entre 1,2% y 2,1% para el año 2030, reduciendo de las emisiones de gases de efecto invernadero en un rango del 0,4% al 7,3%.
Debido a lo anterior, las regulaciones en los campos de sostenibilidad y sustentabilidad están cada vez más en la contingencia, ya que representan un compromiso tangible con la transparencia hacia el consumidor, junto con la esperanza de un futuro mejor, lo que logra una sincronía perfecta para avanzar a una economía sostenible.
Equipo Prensa
Portal Agro Chile
