• Además, el análisis del experto revela que los actuales procesos de licitación pesquera han tenido un acotado impacto al momento del ingreso de nuevos actores al mercado.

En el marco de la discusión de la nueva Ley de Fraccionamiento pesquero, el economista Patricio Arrau elaboró un informe donde analiza desde un punto de vista técnico, las distintas problemáticas del proyecto que está impulsando el Gobierno.

En este contexto, durante las diversas sesiones de la Comisión de Intereses Marítimos del Senado, que acaba de despachar el proyecto, hubo diversas críticas al Ejecutivo de parte de parlamentarios y actores del mundo de la pesca, por no contar con cifras y un informe que cuantifique los impactos de la iniciativa en materia de empleo, actividad económica, consumo humano, entre otras.

Es así como el informe elaborado por Patricio Arrau, realiza un análisis de los impactos de licitar una parte mayor de la cuota pesquera, tal como propone el proyecto del Ejecutivo, concluyendo que en los países en donde se han experimentado subastas de las cuotas individuales, como Rusia, Estonia e Islas Feroe, el sistema ha fracasado. El estándar de la OCDE, donde se asignan las licencias de acuerdo a la captura histórica, es el modelo que funciona. 

En esta línea, el informe destaca que el proceso actual de subastas en la pesca en Chile ha generado escasos nuevos entrantes, y que el destino final de las licitaciones favoreció a los que contaban con más recursos. 

Además, el informe realiza una breve caracterización de las industrias licitables, concluyendo que las concesiones de infraestructura, portuarias y sanitarias son susceptibles de ser licitadas y re-licitadas una  vez cumplido el plazo, pues ellas se hacen cargo de los activos necesarios para ser entregados al próximo adjudicatario. 

Sin embargo, al igual que en la telefonía móvil, donde las licencias se renuevan, en la pesca, el especialmente en el segmento de consumo humano, este modelo no ha funcionado dado que no es posible hacerse cargo de los activos específicos necesarios para la operación, por lo cual es recomendable y más eficiente que los permisos y concesiones sean renovables, tal como es el caso de los países de la OCDE

“La industria de la pesca no es licitable, ya que sumado al fraccionamiento excesivo, se terminará desviando el producto hacia la harina y el aceite de pescado, revirtiendo el proceso de industrialización de mayor valor agregado, afectando negativamente la economía local y nacional”, afirmó Arrau.

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Equipo Prensa
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