Santiago, 8 de abril de 2025.- Dirigentas de la Asociación Gremial de Trabajadoras de Plantas de Proceso de la Industria Pesquera del Biobío expusieron este lunes ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde manifestaron su rechazo al proyecto de ley que propone un nuevo sistema de fraccionamiento de recursos y especies marinas entre los sectores pesquero artesanal e industrial.
Según indicaron en su presentación, la propuesta legislativa pone en riesgo la continuidad de miles de empleos formales en la región del Biobío, particularmente en plantas de procesamiento donde existe una alta participación femenina. “El 59% de los 6.500 puestos de trabajo en la industria en Biobío son ocupados por mujeres jefas de hogar”, advirtieron durante la sesión, que se realizó entre las 15:30 y 17:00 horas en la Sala de Lectura del Senado, en Santiago.
Paola Sanhueza, presidenta de la Asociación Gremial de Trabajadoras de Plantas de Proceso del Biobío, afirmó que “esta ley significa despidos, aunque nos digan que no. En el Biobío ya lo vivimos con la ley de la jibia”.
La representante sindical, advirtió que el proyecto “pone en riesgo real nuestra fuente laboral” y cuestionó su enfoque. “Desde su origen ha sido desproporcionado, discriminador, inclinado hacia un solo sector y sin diálogo con quienes más seremos afectados: las y los trabajadores”. Asimismo, sostuvo que la iniciativa amenaza con revertir años de avances en materia de estabilidad laboral y condiciones alcanzadas mediante negociación colectiva. «Defendemos nuestro sustento, el trabajo que realizamos de forma digna y con derechos. Esta ley pone en riesgo nuestra estabilidad», señaló.
“La aprobación del fraccionamiento genera el cierre de plantas y afectará el empleo regional”, advirtió Luisa Zapata, vicepresidenta de la organización.»Nos oponemos a esta medida porque provocará la pérdida de nuestros puestos de trabajo. Chile es la décima potencia pesquera del mundo, y eso se debe en gran parte al aporte de la pesca industrial, que genera exportaciones, desarrollo, valor agregado a los productos, miles de empleos y recursos para el Estado», agregó.
La dirigenta sindical, enfatizó que los efectos de la ley de la jibia aún se sienten en Biobío. «Ya vivimos sus consecuencias. Se cerraron 4 plantas de procesos, se perdieron 1.700 empleos directos, y nuevamente se nos pide a las y los trabajadores asumir el costo de una política que no nos considera», concluyó la vicepresidenta de la gremial.
Equipo Prensa
Portal Agro Chile
