Argentina y Uruguay ratificaron el pacto este jueves con amplias mayorías en sus parlamentos, a la espera de que le sigan Brasil y Paraguay y de su entrada en vigor dependiente de Bruselas. Solo han tenido que esperar 24 horas para que la presidenta de la Comisión Europea haya decidido dar este paso sin esperar a la respuesta del Tribunal de Justicia de la UE a las dudas jurídicas que tiene el Parlamento Europeo. “El Consejo de la UE dio poderes a la Comisión para dar este paso en enero”, ha argumentado Von der Leyen, quien, además, ha defendido que la necesidad “estratégica” de este movimiento.
Ursula von der Leyen ha destacado que se trata de una aplicación temporal hasta que el Parlamento Europeo dé su pleno consentimiento. Según ha señalado, Von der Leyem, «la «aplicación provisional» es, por su propia naturaleza, provisional. Lo dice su nombre. De conformidad con los Tratados de la UE, el Acuerdo solo podrá concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su aprobación. Por lo tanto, la Comisión seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente».
Y es que esa ratificación en Argentina y Uruguay presiona sobre la Comisión Europea porque en el acuerdo comercial se contempla la aplicación provisional una vez uno de los países que integran Mercosur diera ese paso. El escenario de incertidumbre se ha acrecentado también por la relación comercial con Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo haya infringido un varapalo a las medidas proteccionistas del presidente Donald Trump. Y de hecho, los últimos compases de la negociación del pacto, que se prolongó durante 25 años, ya estuvieron marcados por el regreso del republicano a la Casa Blanca.
El Acuerdo Mercosur – UE crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, abarcando a más de 700 millones de personas. Su impacto económico permitirá la reducción o eliminación de aranceles en miles de productos, facilitanto el acceso de países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) al mercado europeo y permitiendo a su vez a las empresas europeas mayor acceso a mercados sudamericanos.
Sin embargo, las principales organizaciones agrarias españolas se han mostrado críticas con este acuerdo porque consideran que los productores del Mercosur (especialmente Brasil y Argentina) tienen costes laborales más bajos, regulaciones ambientales menos exigentes y normativas fitosanitarias diferentes. Así, temen que la entrada en vigor de este acuerdo genere competencia desleal, ante un proceso de producción más caro en suelo europeo.
Fuente: FH Murcia

































