El 11 de marzo de 2026 inaugura un cambio político que abre una ventana para revisar normas e instituciones. En ese marco, el proyecto contenido en el Boletín N° 17.325-33 —que propone instaurar el principio de “un socio, un voto” en las Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA)— plantea desde el inicio una preocupación central: este cambio podría afectar la gestión técnica y eficiente del agua, rompiendo la proporcionalidad histórica entre aportes y votos que rige desde 1908; además, tensiona la responsabilidad solidaria de los directores, quienes responden con su patrimonio.
El proyecto, según su propio resumen, “busca modificar el Código de Aguas para equiparar el número de votos de los integrantes de las organizaciones de usuarios de aguas, con el fin de garantizar mayor equidad en la toma de decisiones dentro de estas entidades.” Al mismo tiempo, actores del sector han advertido que “el proyecto es una forma de ‘asambleísmo’ que pone en riesgo la gestión hídrica.” Estas frases del expediente y de las posiciones públicas sintetizan el nudo del debate: inclusión versus capacidad técnica y financiera.
La proporcionalidad entre aportes y votos no es un capricho histórico; es el mecanismo que ha permitido alinear quien financia con quien decide sobre inversiones, mantención y operación. Las OUA administran infraestructura crítica y sus directorios asumen obligaciones que pueden implicar responsabilidad patrimonial y solidaria. Si la selección de autoridades se reduce a mayorías sin requisitos técnicos ni reglas para proteger la solvencia, se corre el riesgo de decisiones que desincentiven la inversión y comprometan la continuidad operativa.
No se trata de negar representación a pequeños regantes: su inclusión es legítima y necesaria. Pero avanzar hacia “un socio, un voto” exige salvaguardas claras: quórums reforzados para decisiones de inversión, cupos técnicos en directorios, fórmulas de contribución que preserven obligaciones financieras y programas de capacitación para nuevos representantes. También es imprescindible asegurar estabilidad jurídica para proyectos e inversiones ya comprometidos.
La política pública responsable debe buscar fórmulas que incluyan sin desarmar. Cambiar el cómputo de votos sin diseñar estas salvaguardas puede derivar en menos gobernanza técnica y más asambleísmo, con costos reales para la disponibilidad y calidad del agua. La gobernanza hídrica exige equilibrio: más democracia interna, sí; pero con reglas que garanticen decisiones responsables, técnicas y sostenibles.
Felipe Martin Cuadrado
Director ejecutivo, MAS Recursos Naturales
Equipo Prensa
Portal Agro Chile
