La propuesta de Nueva Constitución que fue rechazada en el referéndum del 4S contemplaba la creación de una Agencia Nacional de Agua como un órgano autónomo encargado de asegurar el uso sostenible del agua para las generaciones presentes y futuras, para cuyo efecto debía recopilar información, coordinar, dirigir y fiscalizar la actuación de los órganos del Estado con competencias en materia hídrica y de los particulares, en su caso. Entre sus múltiples atribuciones se contaban las de otorgar, revisar, modificar, caducar o revocar autorizaciones de uso de agua, impulsar la constitución de los Consejos de Cuencas, fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua e imponer las sanciones administrativas que corresponda.
Habiendo transcurrido apenas 5 meses de agua bajo ese puente, en los Diálogos Regionales del Agua en América Latina y el Caribe organizados por CEPAL a comienzos de febrero, la Ministra de Medio Ambiente adelantó que durante este año y el próximo, el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa trabajará en la generación de contenido y análisis de la conformación de la Autoridad Nacional del Agua, que el Ministerio de Economía financiará el levantamiento de los contenidos de la Política Hídrica Nacional, y que durante este semestre dicho Comité trabajará intensamente en la instalación de los 16 Consejos de Cuenca piloto que darán lugar al proyecto de ley que los consagrará en cada región del país. Si bien lo anterior deja en evidencia la continuidad -casi lineal- del contenido del proyecto constitucional ampliamente rechazado por la ciudadanía con el programa de este gobierno, es acertado al menos que esta discusión salga del ámbito constitucional para situarse en el campo legislativo de las políticas públicas.
Pero, antes de embarcarse en una nueva travesía por el desierto cabe preguntarse ¿por qué necesitamos -si es que la necesitamos- una Autoridad Nacional de Agua, y ¿para qué la necesitamos? En la respuesta a la primera pregunta parece haber un amplio consenso en cuanto a que el gran problema en términos de gobernanza institucional del agua que presenta nuestro país es la dispersión normativa, pues actualmente existen 43 organismos públicos con competencias sobre este vital elemento. Y para acabar con esa dispersión, las soluciones van desde concentrar funciones en la actual Dirección General de Aguas, hasta la creación de una Autoridad o Agencia Nacional del Agua que goce de autonomía de los ciclos políticos, pasando por la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos al alero del Ministerio de Obras Públicas.
Sin embargo, es en la respuesta a la segunda pregunta dónde los acuerdos en las soluciones se diluyen en tensiones que van desde quienes afirman que más que crisis hídrica lo que enfrenta el país es una intervención de carácter ideológico que pretende excederse al imponer una regulación casi de carácter autoritaria por parte del Estado, hasta los que abogan por una mayor fuerza real de parte del Estado ante un panorama de total desregulación que clama por una institucionalidad pública que regule, recoja y coordine todas las acciones que tienen que ver con el agua, sea para el consumo, el saneamiento, la agricultura y un extenso etcétera. Y es que, con independencia del diseño institucional que tenga, cualquier gobernanza deberá resolver los conflictos generados por la actual y creciente escases de agua continental, pues en su aprovechamiento confluyen poblaciones urbanas y rurales, ecosistemas y biodiversidad, actividades agrícolas e industriales, y un aún más largo etcétera.
Salta a la vista entonces que algo falta en esta discusión, algo que la comunidad de Petorca -que de esto sabe bastante luego de 13 años de escasez- descubrió y que, a pesar de la sorpresa y el malestar de activistas ambientales y del Gobernador Mundaca, la llevó a votar Rechazo y a conformar una Mesa Hídrica que concluyó que la mejor solución al problema de la escasez de agua era una planta desalinizadora. Y es que tanto o más importante que hacer justicia en la resolución de conflictos a través de órganos que puedan decidir quitarle el agua a unos para entregársela a otros, o incluso devolverla a las fuentes de donde se extrajo, es producir más agua para satisfacer las necesidades de todos los usuarios y -porque no- de la propia naturaleza. Esas gobernanzas del agua, entonces, estén centralizadas en una Autoridad Nacional o atomizadas en Consejos Regionales de Cuencas, deben necesariamente avocarse no sólo a administrar en forma justa la actual escasez, sino más bien a generar las condiciones propicias para producir más agua a través de proyectos de reúso y desalinización.
Equipo Prensa
Portal Agro Chile
