María José Vergara Gerente de Gestión Social Red de Alimentos
Si bien las posibles presiones inflacionarias han desaparecido en el mercado interno, existen otros elementos de la macroeconomía chilena que siguen preocupando a expertos como el desempleo que en el penúltimo mes del año pasado acumulaba 13 meses de alzas consecutivas -llegando a un 8,7 en el trimestre móvil septiembre-noviembre-, y los efectos sociales del estancamiento económico de los últimos años.
Como botón de muestra, unas 35 mil personas dejaron de formar parte de la clase media en Chile en 2023, para integrarse a los segmentos vulnerables, el que experimentó un aumento de 184.804 personas en el último año, según Equifax.
Estas cifras tienen repercusiones directas en la vida de las personas, impactando inevitablemente en aspectos fundamentales como la vivienda, la salud y la alimentación. Resulta inevitable reflexionar cómo la reducción del poder adquisitivo de los hogares afecta el acceso a alimentos. En este contexto, los bancos de alimentos surgen como una esperanzadora estrategia para contrarrestar el desequilibrio del sistema, que presenta alarmantes niveles de inseguridad alimentaria, así como problemas de malnutrición como la obesidad y el desperdicio de cantidades significativas de productos que aun podrían servir como alimento.
La capacidad de los Bancos de Alimentos, de canalizar recursos de manera eficiente, vinculando los excedentes con comunidades donde existe escasez, proporciona alivio inmediato a quienes sufren de inseguridad alimentaria, una condición que de acuerdo con la última encuesta CASEN, representa el 17,4% total entre moderada y severa, esto es, al menos 3.000.000 de chilenos.
Sin duda la preocupación es transversal. En junio de 2023, Chile fue sede de la Segunda Cumbre Mundial Parlamentaria Contra el Hambre y la Malnutrición, encuentro que dejó en evidencia la necesidad por avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible, justo e inclusivo.
Para alcanzar este propósito, las empresas tienen un rol clave, especialmente en priorizar aquellas estrategias de sostenibilidad que involucren una reducción de pérdidas y desperdicios en sus líneas de producción y comercialización.
Evitar el daño medioambiental y contribuir a la seguridad alimentaria nacional debe ser parte integral del propósito del negocio. La redistribución de los alimentos no es sólo una acción paliativa, es un paso hacia la construcción de un sistema alimentario más equitativo. Tal como lo señala el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17: ‘Alianzas para Lograr los Objetivos’, éstas deben ser un compromiso de colaboración de todos los actores involucrados en la solución a los problemas medioambientales y sociales, constituyéndose como una obligación ineludible.
En un mundo donde aún hay personas que sufren de hambre y malnutrición, sumado a la emergencia climática, el rescate y redistribución de alimentos emerge como un faro de esperanza.
Su impacto se amplifica exponencialmente cuando se fusiona el compromiso de instituciones de la sociedad civil, mediante políticas públicas claras, medibles y monitoreadas. Estas alianzas no sólo salvan vidas hoy, sino que allanan el camino para generaciones futuras en donde el hambre y la malnutrición sean sólo una reliquia del pasado.